Curso virtual sobre Derechos Humanos y participación política afrodescendiente

En las últimas décadas, las sociedades latinoamericanas han experimentado cambios de carácter económico, social y político, que se han traducido en impulsos positivos para las poblaciones históricamente vulnerabilizadas. Sin embargo, en este camino orientado hacia la inclusión social, las formas de exclusión sistemáticas encauzadas sobre motivaciones de género, etnia, raza, religión, siguen presentes.

En el marco de estas barreras estructurales, según el Banco Mundial (2018), los afrodescendientes se presentan como una de las poblaciones más excluidas de  la región, significando entonces, menores oportunidades de movilidad social y acceso a servicios, limitando el desarrollo de su potencial humano y el goce satisfactorio de la totalidad de sus derechos.

Esta intersección entre sistemas de opresión y características histórico-estructurales “actúa en desmedro de las poblaciones racializadas y en especial de las mujeres de estos grupos” (CEPAL, 2018, p. 25), consolidando una lógica de feminización de la pobreza que acerca principalmente a mujeres afrodescendientes e indígenas a las líneas de pobreza.

En el caso particular de las mujeres afrodescendientes, las múltiples formas de discriminación identitarias se han interconectado con las formas de discriminación por género, lo cual ha creado condiciones materiales y simbólicas de desigualdad concretas para las mujeres en los distintos espacios de la sociedad. Si bien, históricamente el liderazgo de las mujeres afrodescendientes ha sido clave a nivel comunitario, su representación en espacios institucionales de toma de decisiones permanece insuficiente. (CEPAL, 2018)

Resulta claro que “la actuación política de las mujeres afrodescendientes, tanto en sus respectivos países como por medio de la articulación en las redes internacionales, asume un papel de gran relevancia al denunciar la condición de invisibilidad y marginalidad que les es impuesta, incluso en las organizaciones políticas que estas constituyen” (CEPAL, 2018, p.73). Aunque a nivel regional se han observado avances en los procesos organizativos de las mujeres afrodescendientes, su participación en las distintas instancias del poder político continúa siendo limitada.

En el caso de Costa Rica, una nación multiétnica y pluricultural, tal como lo reconoce actualmente el artículo primero de la Constitución Política. La población afrodescendiente representa el 7,8% de la población, aproximadamente 334 437 personas (Censo del 2011), siendo la diversidad étnica de mayor volumen en el país. No obstante, al igual que el resto de la región, ha sufrido diversas limitaciones en el ejercicio de sus derechos debido a condiciones de discriminación estructural, que han incidido en un limitado reconocimiento y por tanto en un restringido acceso a la salud, incluida su salud sexual y reproductiva, justicia, el empleo, la vivienda, la educación y la participación política, así como a un aseguramiento en términos generales.

Pese a que existe un llamamiento para que los gobiernos impulsen acciones extraordinarias para lograr el “Reconocimiento, Justicia y Desarrollo” para millones de personas a las que aún esos Estados les deben el pleno cumplimiento de los derechos humanos, es urgente contar con una agenda política a nivel de la región que priorice las acciones necesarias para garantizar la inclusión y el desarrollo de los pueblos y comunidades afrodescendientes.

Además, con la promulgación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), es imprescindible profundizar sobre las herramientas democráticas que se requieren para garantizar la erradicación de la pobreza y demás brechas socioeconómicas existentes que limitan el pleno desarrollo de los afrodescendientes en comparación con el resto de la población.

La constatación de las brechas negativas que en materia de desarrollo enfrentan las poblaciones afrodescendientes en América Latina y el Caribe, quedan claramente reflejadas en el informe “Afrodescendientes y la matriz de la desigualdad social” presentado por la CEPAL y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) durante el 2020. Según este documento, la pobreza y pobreza extrema como indicadores de desigualdad, desde el 2015 han experimentado un crecimiento que ha generado un ritmo decreciente en la reducción de la desigualdad de ingresos en la región, manifestando entonces, brechas significativas para la población afrodescendiente. Por ejemplo, en lo que se refiere a la incidencia de la pobreza entre las personas afrodescendientes, en Colombia se registra una tasa de 41%, y en el caso de la pobreza extrema, Brasil, Colombia, Panamá, Perú y Uruguay, presentan mayores niveles entre la población afrodescendiente en comparación con las personas no afrodescendientes (CEPAL, 2020). En el caso de Costa Rica, se presenta un 27,4% de su población con al menos una NBI, mientras que para la población afrodescendiente ese porcentaje es del 34,1%, siendo que para la población no afrodescendiente ese porcentaje es de 26,8%. (PNUD, 2016)

Esta realidad, también es producto de la poca inversión que realiza el Estado costarricense en la atención a las problemáticas que afectan al desarrollo humano, social y económico de las personas afrodescendientes, siendo una de las mayores debilidades identificadas por el aparato estatal, la posibilidad de formulación e impulso de acciones y políticas orientadas a la disminución de desigualdades que aún afectan a las comunidades afrodescendientes del país, y específicamente a las mujeres afrodescendientes. Condiciones de desigualdad que incluso pueden haberse incrementado como consecuencia de los impactos del COVID-19 en la población afrodescendiente.

Por otra parte, la partición política de las personas afrodescendientes sigue siendo escasa. Al revisarse los datos disponibles, encontramos que actualmente existen 147 partidos políticos inscritos ante el Tribunal Supremo de Elecciones, de este total, entre los años de 1953 a 2018, solo 4 partidos han logrado ser representados por diputados afrodescendientes en la Asamblea Legislativa (Partido Liberación Nacional, Partido Unidad Social Cristiana, Partido Acción Ciudadana, Partido Restauración Nacional). Es así como durante 69 años solo se han tenido en el país 23 diputados y diputadas afrodescendientes. Para dar un ejemplo, durante el último proceso de elección de candidaturas municipales se tuvo la opción de elegir entre 6138 cargos municipales. Sin embargo, se desconoce el dato de la cantidad de personas afrodescendientes inicialmente inscritas como candidatas a los cargos de alcaldes(a), vicealcaldes(as), regidores(as), intendentes(as), viceintendentes(as), síndicos(as), miembros de concejo de distrito y miembros de concejos municipales de distrito, tanto propietarios como suplentes y posteriormente, aquellos que fueron electos y/o electas. Aunado a ello, en el caso de las 57 diputaciones actuales, solo dos personas afrodescendientes han sido electas como diputadas para el periodo 2022-2026.

Esta situación ha llevado a identificar esta propuesta con el objetivo de atender desde el fortalecimiento institucional, la participación política y las estructuras institucionales, al reconocimiento y desarrollo de la población afrodescendiente, particularmente de las mujeres. La puesta en marcha de un curso virtual  sobre derechos humanos y participación política para afrodescendientes se presenta como un espacio estratégico para el empoderamiento y el fortalecimiento del liderazgo de la población afrodescendiente y de aquellas otras poblaciones interesadas en reforzar sus conocimientos acerca de los derechos de la población afrodescendiente.

La educación como una herramienta para la inserción en el mundo permite alcanzar un desarrollo social integral y un mayor acceso a los derechos. Construir espacios de articulación y empoderamiento para afrodescendientes, en especial para las mujeres afrodescendientes y personas interesadas en el tema, significa forjar sociedades más democráticas, equitativas, justas, y multiculturales que luchen contra las diversas formas de racismo, discriminación, sexismo y exclusión.

Este curso en línea gratuito ha sido concebido para proporcionar una respuesta a dichas brechas socioeducativas. Sus respectivos módulos y contenidos han sido elaborados de manera estratégica para adentrar a sus estudiantes en una mirada general sobre la importancia de adquirir conocimientos básicos que les permitieran comprender la relevancia de los derechos humanos de la población afrodescendiente, el acceso al poder y al quehacer político de las personas afrodescendientes y la posibilidad de contar con una sociedad democrática más justa y más inclusiva y libre de racismo y todas forma de discriminación racial.